Se nacionalizará la tierra y, mediante una gestión municipal plena, se cederá a los agricultores y ganaderos para su explotación en cooperativas, también corresponderán a los municipios la construcción de viviendas, que serán adquiridas por los trabajadores a bajos precios y a largos plazos.

Será función municipal proveer a los centros urbanos y poblaciones de los medios de educación, cultura, deporte, ocio y diversión para que el pueblo español se desarrolle en la totalidad de la persona.

Se constituirán fuertes sindicatos verticales de empresa en los que los trabajadores, como legítimos dueños de la producción y generación de riqueza, tomarán parte directa y activa en las decisiones y beneficios empresariales.

Se apoyará toda iniciativa privada creativa dentro del nuevo estado, pero nunca a costa de la explotación del pueblo, para lo cual, los precursores de la idea deben aportar una fuerte conciencia y sentimiento social, siendo de preferencia la protección al trabajador autónomo. El sector privado será compatible siempre que sus economías se supediten a las economías nacionales, alcanzando de esta forma la prosperidad del pueblo español.

La banca será sindicalizada, beneficiándose todos los españoles a modo de nacionalizaciones. La energía, telecomunicaciones, obras públicas, sanidad, enseñanza y demás servicios de utilidad pública corresponden al estado, no consintiéndose ningún tipo de competencia privada que especule con las necesidades y derechos del pueblo español.

PRESTACIONES.-

Aspiramos a trabajos fijos remunerados con justicia, en los que los trabajadores participen de los beneficios empresariales a modo de dos pagas al año en concepto de productividad, además de las pagas extraordinarias de verano y de Navidad.

Durante los periodos en los que un trabajador cause baja laboral los ingresos a percibir deben ser íntegros, en lugar del 60% al 70% que se cobra en la actualidad. Es ilógico además de injusto pensar que un trabajador enfermo necesita menos salario que cuando está en activo.

En los trabajos ciertamente temporales, la correspondiente temporalidad debe estar pautada por la época de producción en lugar de estar a expensas del albedrío empresarial tal y como sucede en la actualidad, siendo el INEM el encargado de facilitar al empresario el trabajador más adecuado para la función a realizar siempre que el propio empresario lo demande. Desapareciendo de esta forma las Empresas de Trabajo Temporal (ITT), lonjas de esclavos del siglo XXI, en las que se antepone la producción al productor, beneficiándose económicamente estas sanguijuelas intermediarias de la gestión en perjuicio tanto del trabajador como del empresario. Mientras dure la actividad, salvo en casos concretos, el mismo puesto de trabajo debe ser ocupado por el mismo trabajador, llevando su control el Estado por medio del Instituto Nacional de Empleo quien debe hacerse cargo de la protección económica del trabajador desempleado sin ningún periodo de carencia ni topes temporales hasta que este se incorpore nuevamente a un trabajo adecuado a sus características y lo más cercano posible a su lugar de residencia, ocupando su periodo de inactividad con la realización de cursos de formación, en los que el trabajador de forma obligatoria amplíe sus conocimientos para un mejor desarrollo de su actividad o para ocupar un nuevo puesto de trabajo.

Reducción de las jornadas laborales a 35 horas semanales con horario continuado de 7 horas durante cinco días, con libranza asegurada de dos días seguidos, no necesariamente festivos, dependiendo del gremio.

El Estado a través del INEM debe favorecer al pequeño empresario que, debido a su horario de actividad, debe ocupar un numero de horas superior a las 35 horas antes citadas, adaptando el horario restante a trabajadores que prefieran trabajar media o una cuarta parte de la jornada, cotizando a la Seguridad Social por puesto de trabajo y horas activas de forma directamente proporcional a las sumas de las bases de cotización de los trabajadores que ocupen el mismo puesto con la misma actividad.

Las jubilaciones, teniendo como periodo máximo de cotización 35 años, deben producirse dependiendo del cumplimiento de la cantidad de años cotizados antes citados, sin necesidad de que el trabajador haya cumplido los 65 años de edad si ya lleva cotizando esos 35 años, percibiendo el pensionista la media ponderada de las cinco anualidades más altas de cotización actualizadas con los correspondientes IPC, no gravándolos en ningún caso el Impuesto sobre Rendimientos, dado que su actividad laboral sería inexistente.

Las Jubilaciones voluntarias han de ser a partir de los 25 años cotizados, descontándose un 3% por cada año que falte para el cumplimiento de los 35, teniendo siempre en cuenta la misma forma de cálculo que el utilizado para la pensión máxima.

En los supuestos de pensiones por Invalidez Absoluta, en caso de accidente, tanto laboral como no laboral, la cantidad a percibir debe ser igual al supuesto de pensión máxima por jubilación correspondiente a cada caso, siendo incompatible con todo tipo de actividad económica laboral.

En los supuestos de Invalidez Total, la prestación como pensión a percibir debe ser del 70% de los cálculos siempre mencionados, proporcionando el INEM un trabajo a tiempo parcial adecuado a las condiciones físicas del trabajador que suponga como mínimo el 30% restante, siempre que lo demande el trabajador. En los supuestos de accidente de cualquier índole no se tendrán tampoco en cuenta los periodos de carencia, siempre y cuando no se demuestre la existencia de dolo.

Las pensiones de Viudedad deben suponer el 60% de la que percibiría el trabajador fallecido con el máximo de años cotizados para su jubilación, siendo esta pensión compatible con las actividades laborales o pensiones del cónyuge superviviente, salvo que ésta haya llegado a la edad de 65 años y no haya cotizado en su periodo de vida laboral, que la pensión equivaldría al 100% percibiría el trabajador fallecido.

Las pensiones de Orfandad deben ajustarse al 45% de la pensión que le hubiese correspondido al padre en el supuesto de máximo cotizado por jubilación, hasta que el hijo sea trabajador activo, no superando nunca la pensión de orfandad suma de todos los huérfanos el 100% de la pensión posible de jubilación del progenitor fallecido. El INEM se encargará de proporcionar trabajo a los beneficiarios de las pensiones de orfandad al finalizar los estudios reglados, siempre que se opte a ello y se garantice el aprovechamiento adecuado.

El pequeño empresario/trabajador autónomo debe ser considerado como un trabajador por cuenta ajena aunque él mismo debe hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sobre 11 mensualidades (quedando la decimosegunda a modo de paga extraordinaria a percibir por el trabajador), debiéndole garantizar el Estado unos ingresos iguales que estos trabajadores en los supuestos de enfermedad y desgracias materiales que le impidan realizar su actividad laboral, tanto desgracias naturales como por accidentes técnicos o en los supuestos por desperfectos consecuencia de atracos con destrozos, hasta que se normalicen las condiciones para reanudar la actividad.

Los trabajadores inmigrantes únicamente deben ser demandados por necesidades de ocupación de puestos de trabajo que no puedan efectuarse por españoles, corriendo su gestión y demanda por parte del INEM, y viniendo a España con las máximas garantías laborales para ellos y jurídicas y sanitarias para nuestra Nación. Esta ocupación debe ser únicamente para empleos fijos o de larga duración, facilitándoles y obligándoles a una máxima integración en la sociedad española. Los trabajos temporales nunca deben ser ocupados por extranjeros ya que a su finalización no existe garantía de su marcha, en su lugar deben ser españoles desempleados que perciban la prestación por desempleo. Se endurecerá con sanciones de carácter muy grave –mediante una reforma al efecto de nuestro Código Penal- al empresario que contrate de forma irregular a trabajadores extranjeros, entendiéndose por tal no sólo el hecho del trabajo sin oportuno contrato, sino también circunstancias tales como sueldos inferiores a los debidos, trabajos en fines de semana y fiestas, jornadas más largas que las preceptivas o ausencia de medidas de seguridad adecuadas en el puesto de trabajo. Consideramos inmoral y repulsiva la actitud de algunos empresarios españoles que han hecho de la necesidad de los desheredados un factor más de beneficio empresarial.

Seguimos apostando por la nacionalización de las Grandes Empresas de productos de primera necesidad, en las que se abarate el precio de las producciones y se sindicalicen las economías. De esta forma, no podrán ser etiquetados de socializaciones o monopolios estatales, tan temidos en los formalismos liberales de la Comunidad Económica Europea, al ser compatibles, en la actual economía mixta, con la empresa privada. Con esto se conseguiría, el primar lo social por encima de los beneficios empresariales, ya que por un lado en el supuesto de que se produjeran beneficios, estos pasarían a manos del Estado, y este provecho para todos influiría en que a la hora de la elección del producto, nadie dudaría en solicitarlo al sector público. En este sentido abogamos por la reducción del Impuesto de valor añadido (IVA), a todos los productos infantiles y de primera necesidad a un 7%.

Para la creación de empleo fijo y de calidad, se debe primar a modo de rebaja en los impuestos a las empresas que se abastezcan de materia prima nacional y de productos manufacturados en España, dinamizando de esta forma la economía nacional. La demanda de lo antes citado equivale a la garantía del uso de productos nacionales que es la verdadera creación de riqueza y de independencia, garantizando el Producto Interior Bruto (PIB). Sin que esto suponga caer en el vicio egoísta de las autarquías “nacionalistas” pero tampoco en la enfermedad liberal de las plusvalías, siempre especulativas y nunca productivas.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.-

Consideramos que la normativa vigente es más que aceptable en cuanto a las consecuencias traumáticas, enfermedades profesionales, toxicidad y repercusiones sicológicas y de salud mental, pero no así en el celo para su cumplimiento por parte de la administración; para lo cual proponemos un aumento de la plantilla de Inspectores de Trabajo y la creación de Cuerpos Auxiliares dependientes de los mismos, para que aumente el numero de inspecciones y se efectué un control periódico con el fin de fomentar el cumplimiento de las normas.

La solución no está en las sanciones, sino en concienciar al empresario.

CULTURA Y TRABAJO.-

Los trabajadores no solamente deben ser formados técnicamente, también el estado debe afanarse en su formación tecnológica y cultural, proveyendo a las Escuelas de Formación Profesional de los medios suficientes para el cumplimiento de sus fines. Del mismo modo tienen que volver a activarse las Universidades Laborales, en las que los trabajadores puedan acceder a grados superiores en lo laboral y en lo cultural.

Todo este programa político es defendido y promovido por el Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas (TNS), cuyos postulados hacemos nuestros plenamente.

CONJUNTO DE PROPUESTAS FALANGISTAS SOBRE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN.

LA FALANGE (FE) se pronuncia por el fortalecimiento de una EDUCACIÓN de calidad. Todos los españoles deberán tener acceso a una educación superior pública de carácter estrictamente gratuita. Para ello, el Estado deberá contar con un incremento en recursos educativos materiales y humanos, así como formular una extensión de la política actual de becas. Defendemos la gratuidad de la educación infantil -hasta los tres años de edad- creando nuevas plazas al objeto de adecuar la oferta educativa a la demanda existente. Los falangistas propugnamos una reforma total de los Planes educativos, en el sentido de lograr una formación integral de la persona en los principios básicos de la participación ciudadana, la solidaridad nacional y el conocimiento de nuestra Historia, además de elevar la calificación académica de nuestros estudiantes. En este sentido, propugnamos la retirada de la polémica Ley de Educación para la Ciudadanía, porque pretende educar a los escolares españoles en los valores caducos de una progresía anticuada y reaccionaria.

LA FALANGE (FE) se pronuncia a favor de la EDUCACIÓN PÚBLICA incrementando el establecimiento de centros en nuevas zonas de extensión urbana, así como el número de plazas existentes tanto en el régimen general como en la Formación Profesional, Educación Especial y Educación Infantil. Nos pronunciamos por un evidente principio de prioridad y preferencia de la enseñanza pública, y por una supresión progresiva del sistema de centros concertados: un solo sistema de educación pública y pleno derecho de los centros privados a desarrollar su actividad lectiva. Los falangistas entendemos que es necesario una MAYOR COBERTURA DEL SISTEMA DE BECAS, así como una coordinación de las distintas Administraciones en esta materia. Propugnamos la gratuidad del material escolar, así como una mayor asignación presupuestaria en aquellas zonas que, al inicio de la legislatura, fueran determinadas como de mayor fracaso o absentismo escolar. Asimismo, estimamos necesaria la culminación de los distintos programas de dotación informática de nuestros Centros Escolares, aumentando en lo posible el número de ordenadores por alumno. Todos los españoles tienen derecho a recibir una educación básica, ampliando para ello el sistema de becas y realizando reformas legislativas que permitan flexibilizar el horario laboral con la eventual asistencia a clase de un trabajador: posibilidad de becas provistas de asignación mensual que permitan completar los estudios de bachillerato y ciclos de grado medio.

LA FALANGE (FE) se rebela contra el progresivo sentimiento de inevitabilidad que, del fracaso escolar, se tiene en los distintos sectores oficiales de la comunidad educativa. Es necesario destinar medios, planes de actuación y medidas imaginativas que tiendan a erradicar este factor perjudicial de nuestra Educación Nacional. Todo esfuerzo del estado será poco en esta imperiosa tarea de ERRADICAR EL ABSENTISMO Y EL FRACASO ESCOLAR.

LA FALANGE (FE) proclama el inalienable derecho de los escolares españoles a recibir un contenido educativo veraz e independiente, absolutamente alejado de los intereses partidarios y demás particularismos excluyentes. Los estudiantes españoles tienen pleno derecho a ser educados en el RESPETO A LOS VALORES CULTURALES HISPÁNICOS, debiendo constituir este respeto la primera piedra de un nuevo concepto de unidad nacional, y sin perjuicio del estudio de las particularidades culturales de cada Región. Los poderes públicos intervendrán decididamente en aquellos espacios educativos de contenido nacionalista y excluyente, los cuales han sido fomentados por distintos gobiernos autonómicos, sustituyendo este modelo educativo por un sistema adaptado a las necesidades impuestas por un nuevo concepto educativo nacional y popular.

LA FALANGE (FE) propugna la aprobación de un nuevo PLAN NACIONAL DE ESTUDIO para ofrecer a los alumnos españoles una visión amplia y completa, por medio de las materias correspondientes, de la Historia de España, de su cultura y de los valores de unidad nacional y de solidaridad entre sus hombres y sus tierras. Los falangistas propugnamos una EDUCACIÓN NACIONAL, que otorgue prevalencia a los principios espirituales dentro de la comunidad, y que esté destinada a la formación integral de nuestros escolares. Culto a nuestra Historia y a sus Hombres, y aplicación práctica de lo que nos legaron a la España de hoy. Vuelta a la importancia de los estudios clásicos y fomento de la lectura y escritura. Cultivo sistemático del deporte, dotando a esta asignatura de una importancia esencial dentro del Plan. Planes de Estudio presididos por los valores de justicia, equidad y de la participación.

LA FALANGE (FE) propone un EXAMEN OBLIGATORIO PARA LOS ESCOLARES EXTRANJEROS que estudien en Centros Españoles, al objeto de constatar el grado de comprensión y asimilación de los principios culturales, históricos, morales españoles. Seguimiento detallado en los Centros respectivos de estos alumnos de manera individualizada, a los efectos de evitar la creación de bolsas de marginalidad en nuestros Centros educativos.

LA FALANGE (FE) propugna una enseñanza real de los IDIOMAS en la Escuela Española, conseguida a través de una doble dirección: en primer lugar, reformando los Planes de Estudio al objeto de subsanar las posibles deficiencias observadas en esta materia y, en segundo lugar, concertar estancias formativas de nuestros estudiantes en países extranjeros de entorno cultural no hispánico. Los falangistas creemos en el establecimiento de períodos de estancia en países no hispánicos dentro de la doble dirección no sólo de los alumnos españoles en esos países, sino de los estudiantes extranjeros en España. Estructuración desde el poder público de un programa completo de INTERCAMBIOS CULTURALES en familias tanto de los países extranjeros como del nuestro. Estas estancias formativas serán asimismo extensibles a planes de formación del profesorado, estableciéndose similar turno rotario en este caso que en el de los alumnos.

LA FALANGE (FE) se muestra partidaria de un sistema de Centros Escolares regidos por los CONSEJOS ESCOLARES integrados por representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. Los falangistas creemos que, también en este sector específico, deberá fomentarse la participación de sus miembros en las distintas tareas de autogestión de los distintos Centros. Nos pronunciamos decididamente por el principio de plena independencia en la gestión de cada Centro Escolar, los cuales deberán trabajar en estrecha comunicación con las Corporaciones Municipales a las que correspondan. Mayor participación, independencia en la gestión y estrecha colaboración con el Municipio serán los tres ejes básicos del funcionamiento de los Centros Escolares.

LA FALANGE (FE) aspira a una UNIVERSIDAD NACIONAL Y POPULAR de carácter público y de funcionamiento participativo a la que puedan acceder todos los españoles con el único límite de sus propios méritos académicos. Entendemos que es necesario reabrir el debate social en torno a los sistemas más adecuados de acceso a la Universidad, pronunciándonos por un sistema mixto de evaluación continuada y de exámenes previos en contraposición al actual sistema irracional de selectividad. Los falangistas creemos que es necesario adaptar la oferta de plazas universitarias a las verdaderas necesidades del mercado de trabajo español, evitando en lo posible la actual saturación de títulos y revalorizando, correlativamente, el verdadero sentido académico y profesional de los mismos. Asimismo, luchamos por una extensión del sistema de BECAS y ayudas al alumnado universitario en todos sus niveles (incluyendo postgrado y master) surgidos a raíz del modelo universitario contemplado en la Declaración de Bolonia, a los efectos de lograr su equiparación con el resto de países de nuestro entorno.

LA FALANGE (FE) propugna la suscripción de tratados internacionales que, en materia educacional, contribuyan a la creación de un espacio universitario común con otros países becas y ayudas de carácter supranacional, publicaciones y medios de difusión comunes, planes de investigación y desarrollo y un nuevo régimen simplificado de convalidación profesional. Entendemos que la creación de este espacio docente constituye el núcleo de formación de las clases profesionales que han de luchar por el estrechamiento de nuestros lazos políticos y sociales.

LA FALANGE (FE) propugna una absoluta colaboración del mundo estudiantil, en todas sus ramas, con las facetas del TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD que los estudiantes puedan realizar en tiempo programado a esos efectos. Los estudiantes colaborarán activamente en el voluntariado social, repoblación forestal, recuperación de pueblos, así como en todas aquellas actuaciones que tengan por finalidad el acercamiento del mundo académico a las realidades sociales de España, y ello por medio de programas oficiales de acción directa. Los estudiantes tienen el deber de colaborar en la subsanación de todas estas carencias nacionales.

LA FALANGE (FE) estima como una labor nacional prioritaria la de dotar a la Universidad de medios materiales y humanos suficientes para equiparar el nivel docente al de los mejores entornos universitarios de nuestro área cultural. Los falangistas estimamos necesaria una financiación pública de planes de investigación, como labor universitaria de contenido fundamental. En este sentido, creemos que los referidos planes de investigación deben ser desarrollados en el ámbito universitario, si bien en estrecha colaboración con las áreas empresariales privadas y públicas, y siempre con la debida coordinación de las Administraciones interesadas. Es necesario vincular a todos los elementos universitarios en los referidos Planes de I+D. A tales efectos de coordinación y control, los falangistas propugnamos la creación de una MESA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO encargada de la adecuada evaluación de los proyectos, de la coordinación entre las instituciones afectadas y de la información al ciudadano de los extremos relativos al desarrollo de estos proyectos.

LA FALANGE (FE) propugna un aumento de los recursos dedicados a INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO (I+D) hasta alcanzar un porcentaje ideal. Los falangistas estimamos indispensable la reformulación de un Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante una actuación coordinada de las distintas Administraciones Actuantes y de los sectores económicos y empresariales implicados, y fijando como objetivos básicos del mismo el aumento de la productividad y la correlativa elevación de las condiciones de trabajo de los trabajadores españoles. Asimismo, estimamos necesaria la realización de Planes Parciales de I+D, los cuales tendrían por finalidad la actualización de los sectores productivos existentes en ámbitos territoriales concretos del territorio nacional que necesiten un especial impulso público por razón de su alta tasa de desempleo o su inferior tasa de productividad. En este sentido, y en la medida que ello puede establecer un sólido marco normativo para la investigación española, propugnamos la aprobación de una LEY DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, la cual venga a establecer las condiciones, forma y requisitos tanto de las actuaciones descritas como de su correlativo apoyo por parte de los poderes públicos.

LA FALANGE (FE) propugna el incremento en el personal dedicado a la Ciencia y a la Tecnología, no sólo el dedicado directamente a labores de investigación, sino también a labores de apoyo y coordinación, todos dotados de un mayor nivel salarial y de mejores condiciones físicas de trabajo.

LA FALANGE (FE) proclama el derecho de todo ciudadano español a la utilización de INTERNET en igualdad de precio y condiciones técnicas que el resto de los ciudadanos europeos. Los poderes públicos deben garantizar el acceso a la Red desde todos los Municipios españoles, y establecer instrumentos de conexión gratuita desde espacios públicos y edificios oficiales. El Estado debe adoptar medidas, por sí o por medio de planes conjuntos europeos, al objeto de ir cerrando la brecha digital en los Municipios españoles del mundo rural.

CONJUNTO DE PROPUESTAS FALANGISTAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA FALANGE (FE) considera el DERECHO A LA VIVIENDA como un derecho subjetivo y fundamental de los ciudadanos españoles, y no como el negocio de unos pocos. Siguiendo el mandato constitucional, las distintas Administraciones deberán formalizar políticas sinceras y eficaces tendentes a lograr la efectividad de este derecho. El derecho a la Vivienda, del que gozan todos los españoles, debe ser prioritario para concretos colectivos sociales, tales como los jóvenes, mujeres maltratadas, desempleados o ancianos o cualquier otro sector desprotegido, como por ejemplo padres separados. Para estos colectivos dignos de protección se reservará siempre un porcentaje suficiente de la oferta de vivienda pública. Estableceremos el principio de PREFERENCIA PARA LOS CIUDADANOS en la adjudicación y adquisición de vivienda pública.

LA FALANGE (FE) considera prioritaria la redacción y aprobación de un PLAN NACIONAL DE VIVIENDA PROTEGIDA en virtud del cual, y a través de la acción coordinada de las distintas Administraciones competentes, se impulse la construcción de Viviendas de Protección Oficial en un número no inferior a un millón de Viviendas en un plazo de quince años. Este Plan deberá determinar objetivos de construcción que, posteriormente, serán desarrollados por las Administraciones oportunas dentro de sus respectivos Planes Urbanísticos. El destino de estas nuevas VPO se repartirá entre las dos posibles modalidades de venta o alquiler de las mismas, con arreglo a la proporción que determinen las disposiciones de desarrollo de este Plan Nacional.

LA FALANGE (FE) propugna una utilización social de la propiedad en materia de Vivienda, debiendo apoyar los poderes públicos el uso y utilización social de las VIVIENDAS VACÍAS, por medio de políticas que lleguen a imponer una carga fiscal a los propietarios en caso de especulación o abandono deliberado. Los propietarios podrán excluirse fácilmente de esta obligación fiscal siempre y cuando acrediten la concurrencia de determinados requisitos de habitabilidad o cuando, aún reconociendo que estos requisitos no se dan, cedan la Vivienda para su utilización no lucrativa o para su rehabilitación concertada. A estos efectos, los poderes públicos crearán, de forma coordinada, una Mesa Nacional de Viviendas Desocupadas, la cual ofertará las condiciones necesarias para el uso y rehabilitación de las mismas. Los falangistas se pronuncian por la VÍA EXPROPIATORIA en los casos de inmuebles notoriamente abandonados, así como en aquellos supuestos de utilización manifiestamente antisocial o especulativa.

LA FALANGE (FE) postula el principio de preferencia en la REHABILITACIÓN y mejora de las Viviendas ya existentes, frente a la expansión urbanística descontrolada que sufren muchos de nuestros Municipios. A estos efectos, deberán articularse los mecanismos necesarios para el establecimiento de planes de subvención a los propietarios de Viviendas que, de forma expresa, decidan acogerse a los mismos. De igual forma, deberán ser ayudadas las Empresas constructoras que decidan rehabilitar o mejorar en vez de construir. En esta cuestión, los falangistas nos pronunciamos por la aprobación estatal de un PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN, con la doble finalidad de coordinar las distintas políticas existentes al respecto en las distintas Administraciones, así como habilitar mecanismos de crédito mediante la suscripción de acuerdos con entidades financieras a estos solos efectos.

LA FALANGE (FE) entiende el suelo como un recurso limitado y de primerísima utilidad social. Por esta razón, un mínimo variable según los casos del suelo disponible edificable en cada Municipio deberán ser reservados para la edificación de VIVIENDA PÚBLICA, y ello en atención a las circunstancias de oferta y demanda real de cada Municipio determinado. Como primera medida, y con carácter previo a la aprobación del Plan Nacional de Vivienda Protegida que propugnamos, entendemos tarea inexcusable la realización de un censo de suelo edificable en todo el territorio nacional -elaborado por medio de la acción coordinada de todas las Administraciones intervinientes- no concediéndose, mientras tanto, licencia de edificación alguna distinta de las ya concedidas. Los falangistas articularemos formas de adquisición de suelo público, incluso a través de la vía expropiatoria (en los casos de notoria actuación especulativa o abandono), y fomentaremos las prácticas municipales consistentes en la cesión gratuita de suelo público para la construcción posterior de Viviendas en régimen de cooperativa.

LA FALANGE (FE) se pronuncia por la promoción de políticas públicas de fomento del ALQUILER DE VIVIENDAS, como alternativa a la compra de las mismas. Cada Ayuntamiento debe disponer de una Bolsa de Viviendas en Alquiler, actuando la Administración como intermediario entre el propietario y los arrendatarios definitivos, fijando las condiciones de acceso a estas Viviendas y de ayuda financiera a los gastos derivados de esta actividad (asesoramiento, fianza etc.).

PROPUESTAS FALANGISTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

LA FALANGE (FE) propugna una SANIDAD PÚBLICA sólida, eficaz, gratuita y fuertemente vinculada al conjunto de la ciudadanía. Los falangistas rechazamos el sistema de privatizaciones que, en este sector esencial, se ha propugnando desde diversos foros y estamentos. Muy al contrario, propugnamos un INCREMENTO DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO y una coordinación suficiente entre las Administraciones actuantes, a los efectos de dotar de una mayor operatividad al sistema sanitario. Diagnósticos más rápidos y contratación de más especialistas.

LA FALANGE (FE) entiende que la necesaria coordinación entre las actuales Administraciones con competencia en materia de sanidad debería desembocar en la EXTENSIÓN DE LAS POSIBLES PRESTACIONES, incrementar los programas preventivos y formativos, número de profesionales de la salud por paciente, garantizar la prestación de atención primaria en todo el territorio nacional, establecer compromisos institucionales de plazos máximos, al objeto de terminar con las bochornosas listas de espera, extensión al régimen nacional de cobertura de todos los aspectos relativos a la salud buco dental. Los falangistas propugnamos una mayor transparencia y un control público del gasto farmacéutico.

LA FALANGE (FE) entiende la Sanidad Pública como un DERECHO DE LOS ESPAÑOLES, dada la directa financiación que, de la misma, se realiza a través de las correspondientes retenciones. Es por esta razón que luchamos por un indiscutible PRINCIPIO DE GRATUIDAD de la totalidad de las prestaciones médicas y farmacéuticas. Los falangistas entendemos que no puede quedar sin cobertura ninguna prestación, ya que el Estado debe cubrir las necesidades íntegras de la población en materia de salud.

LA FALANGE (FE) propugna el estudio y aprobación de un PLAN NACIONAL DE SANIDAD RURAL, que potencie la infraestructura sanitaria en el mundo rural, mediante la creación de nuevos Centros de Salud, el establecimiento de equipos móviles de asistencia y consulta, la determinación de rutas de salud de estos equipos móviles -los cuales deberían desarrollar su actividad recorriendo constantemente un conjunto preestablecido de municipios- y la extensión de los servicios de urgencias de veinticuatro horas a aquellos pueblos que, a pesar de su volumen de población, todavía no gozan de esa clase de atención médica.

LA FALANGE (FE) estima como imperativo moral de primera magnitud la realización de esfuerzos que, por parte de nuestro Sistema de Salud, sean tendentes a la atención de aquellos sectores sociales más dignos de PROTECCIÓN Y CUIDADO: mayores y niños, enfermedades oncológicas, Parquinson, alzeimer y demás dolencias análogas así como patologías no comunes. En este sentido, propugnamos la extensión del Servicio de Geriatría a cada Área Sanitaria, con especial cuidado en el desarrollo asistencial dentro del medio rural. Nuestros mayores se merecen atención especializada de primer orden y, para ello, debe incrementarse el número de profesionales de la salud especializados en estas materias específicas dentro de nuestro sistema sanitario público.

LA FALANGE (FE) se pronuncia en favor de un concepto PREVENTIVO de salud, instituyendo por esta razón cursos y seminarios de carácter periódico en todos los sectores sociales y profesionales españoles tendentes a lograr la educación ciudadana en hábitos de vida saludables, plan integral de atención a la mujer, enfermedades de transmisión sexual, acoso psicológico en el trabajo, prótesis, seguridad alimentaría, salud e higiene en el trabajo, adicciones, anorexia y bulimia, revisiones y chequeos periódicos de detección temprana, conflictos medioambientales y salud, violencia doméstica sobre niños, mujeres y ancianos, alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías y demás materias en las que, de forma constante y metódica, puedan elaborarse planes de prevención a nivel nacional. A estos efectos, los falangistas propugnamos la creación de oficinas o gabinetes informativos en todos los Municipios, al objeto de constituir puntos estables de información sobre todas estas materias.

LA FALANGE (FE) propugna la IGUALDAD en el trato sanitario cualquiera que sea la región en la que el mismo se preste. Por esta razón, entendemos indispensable la potenciación del Consejo Ínter territorial, a los efectos de coordinar adecuadamente las garantías de homogeneidad de las prestaciones entre las distintas Comunidades Autónomas. Del mismo modo, el Consejo Interrerritorial deberá intervenir en todas aquellas cuestiones que afecten al funcionamiento del sistema Nacional de Salud, no sólo en lo tocante a la necesaria igualación de prestaciones, sino en lo concerniente al régimen de personal, condiciones laborales y demás circunstancias que afecten a los medios humanos y materiales del sistema.